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El proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
Marcada históricamente por el conocimiento de acciones en el marco de las pretensiones declarativas, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocía de procesos ejecutivos debido a que se entendía que esta clase de procedimientos correspondía al dominio exclusivo del derecho procesal civil y, en consecuencia, era de conocimiento privativo de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, con ocasión de la expedición de la legislación que le asignó al juez administrativo competencias en la materia, el asunto se convirtió en un gran desafío para el Consejo de Estado, corporación a la que le correspondió confrontar las particularidades de este singular proceso ejecutivo y sup...
El precedente contencioso administrativo. Teoría local para determinar y aplicar de manera racional los precedentes de unificación del Consejo de Estado
Este texto es una versión corregida de la tesis de doctorado, elaborada por su autora, bajo la magnífica codirección de uno de los mejores constitucionalistas colombianos (Alexei Julio Estrada) y uno de los mejores constitucionalistas franceses (Dominique Rousseau). El tribunal que evaluó la tesis le otorgó la máxima calificación summa cum laude con sugerencia de publicación. El lector encontrará en estas reflexiones no solo un texto escrito con cuidado y claridad, sino una contribución invaluable a la teoría del precedente judicial y a la práctica de este, como una innovación que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo incorpora de forma explícita para caracterizar las sentencias de unificación del Consejo de Estado. En este sentido, consigue al tiempo los ambiciosos objetivos de colmar un vacío teórico con unas reflexiones de la mayor importancia práctica.
El principio del mérito incluyente: una reformulación del sistema de ingreso al empleo público en Colombia
Dos grandes deudas tiene el Estado colombiano frente al derecho funda-mental de acceso igualitario a los cargos públicos: una por acción y otra por omisión. La primera, al existir una desconexión entre el ser y el deber ser de los concursos de méritos, y la segunda, por carecer de una política pública que garantice el aspecto material del derecho a la igualdad. El concepto tradicional de meritocracia produce un déficit constitucional que no refleja la sustancia de un Estado social de derecho cuyos pilares son la justicia distributiva y la igualdad material. Se puede afirmar que el empleo público en Colombia se encuentra en un estado de cosas inconstitucionales. Para supe-rar esta crisis, se considera necesario formular y ensayar nuevas alternativas a fin de mitigar los efectos del modelo tradicional de meritocracia. Se propone el principio del mérito incluyente como un aporte para saldar las deudas del Estado en materia de ingreso al servicio público en clave del nuevo pacto social.
El deber funcional como concepto nuclear del derecho disciplinario desde la perspectiva constitucional y legal
Examinar el Derecho Disciplinario de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas desde la perspectiva del deber funcional no pretende derruir la importancia de la ilicitud sustancial corno categoría dogmática del Derecho Disciplinario y, menos aún, la construcción y el análisis dogmático de esa categoría llevada a cabo por Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Por el contrario. El deber funcional como concepto nuclear del derecho disciplinario parte de reconocer el carácter fundamental de la ilicitud sustancial como categoría dogmática propia del derecho disciplinario para destacar, a partir de tal reconocimiento, que la sustancia de ilicitud es, en todo...
Aspectos actuales de la teoría general del acto administrativo
El acto administrativo es una herramienta fundamental en la función administrativa orientada al cumplimiento del interés general. En los últimos años, en Colombia se han observado varias tendencias importantes que han impactado su desarrollo y aplicación; cada una de ellas va desde la dimensión formal hasta la sustancial del acto administrativo. Un ejemplo de la primera es el acto administrativo electrónico, estudiado en la tipología de los actos administrativos, y como uno de los institutos de la administración pública electrónica. Un ejemplo de la segunda es el acto administrativo compatible con los postulados de la fórmula Estado social de derecho, uno garantista. Por lo anterior, la presente obra posee el desarrollo de algunas tendencias que merecen ser leídas y discutidas en la academia, así como en el litigio administrativo.
Derecho individual del trabajo
Esta compilación presenta dieciséis capítulos que exponen las reflexiones, debates y propuestas de soluciones que cada autor plantea empleando una metodología de investigación cualitativa con enfoque dogmático. De esta manera, cada asunto se abordó mediante el empleo del pensamiento lógico, el análisis y la comprensión de los conceptos, la consulta de las fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales más importantes de cada tema, afrontando las problemáticas culturales, históricas y prácticas, así como empleando, en algunas materias, un análisis de derecho comparado que permita entender aún más los avances o falencias del derecho estudiado. Los métodos subyacentes corresponden al análisis lógico, sistemático, ideológico y empírico de cada autor y son fruto de su experiencia en el litigio, su trabajo en las Altas Cortes, la academia, en el sector privado y, en general, del conocimiento de la realidad colombiana.
Tercerización laboral en Colombia: precarización, configuración normativa y límites jurídicos
En Colombia sí se evidencia la precarización del trabajo en los esquemas de tercerización. Además, la normativa que regula la tercerización laboral en el país es deficiente, lo cual impide el debido control de la precarización y, a su vez, limita el ejercicio de la libertad de empresa. Por lo anterior, el Estado colombiano debe propender hacia una configuración normativa de la tercerización que incorpore los límites requeridos para contener la precarización y, a la vez, garantice el ejercicio de la libertad de empresa. Estos límites se traducen en características y elementos esenciales. Las características son la integralidad y la transversalidad. Los elementos esenciales se fo...
Tratado de Derecho Disciplinario Tomo I: Parte sustancial general
Esta colección, en forma de tratado, pretende desarrollar sistemática, contextual y axiológicamente el Derecho Disciplinario colombiano en su integridad. El Derecho Disciplinario es uno solo, cualquiera que sea su naturaleza; de allí que su sistematización se hace en forma general y sustancial; se contextualizan en diferentes tomos las materias desarrolladas en su particular contexto y presididas por una misma axiología, que respete la diversidad de manifestaciones. Se trata de una investigación de largo aliento, con la coautoría de representativos discípulos, todos formados en la Especializacion en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia, con quienes se propone realizar la temática en toda su intensidad y extensividad como una Ciencia Jurídica Dogmática autónoma e independiente, única en el Derecho Comparado por su peculiaridad de ser una especie del Derecho Sancionador o ius puniendi, diferente al Derecho Sancionador Administrativo, Administrativo Penal, Penal Administrativo o Derecho Contravencional General, como preferimos llamar a esta diferente especie, dentro de la cual no se encuentra comprendido el Derecho Disciplinario como subespecie.
La aplicación de los pliegos tipo y el SECOP II en los regímenes especiales de contratación
El 8 de febrero de 2021, el entonces director de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, doctor José Andrés Omeara, en entrevista concedida a la Revista Semana, anunció una reforma a la Ley 80 de 1993, después de 28 años de vigencia del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. El resultado final fue un nuevo estatuto anticorrupción que, además de modificar la Ley 1474 de 2011, la Ley 1708 de 2014, Ley 1712 de 2014, la Ley 678 de 2001, la Ley 610 de 2000, también estableció normas transversales sobre contratación pública que modifican la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, esto es, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Estabilidad laboral por debilidad manifiesta en salud: omisión estatal, inseguridad jurídica y alternativas para remediarlas
La Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial en la cual desarrolla el concepto de debilidad manifiesta por salud y la protección que los empleadores deben darles a los trabajadores que se encuentren en esta situación, en el sentido de garantizarles una estabilidad ocupacional reforzada. Sin embargo, a pesar de que se han establecido los requisitos para que opere dicha estabilidad, en la práctica judicial ocurre que algunas decisiones los pasan por alto y conceden el amparo a trabajadores cuya condición de salud no les impide o dificulta cumplir su trabajo, generando un uso desproporcionado de esta figura e incluso una posible responsabilidad del Estado por error judic...
