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The debate about regulating cannabis for adult use is on the public agenda. In our view, the best policy on marijuana that a State can develop is the regulation of its cultivation, manufacture and use, focused on reducing marijuana’s comparative impact in illegal economies and drug trafficking networks; protecting public health; promoting rural development in prioritized areas; and promoting reparation measures financed with the resources arising from regulation. Drugs are not the devil, but nor are they child’s play. A drug policy that would be respectful of human rights and safeguard public health must lie at an intermediate point between full liberalization and the prohibition current...
Taking the shifting global drug policy terrain as a starting point, this collection moves beyond debates about whether to reform drug policies to a focus on delivering ‘drug policy justice’ – repairing the damage caused by the war on drugs as a component of reform efforts and safeguarding against future harms in legal markets. This book brings together some of the leading international thinkers and advocates on harm reduction and drug policy to introduce key questions in contemporary drug policy. Across five themes, and with contributions from different regions and disciplines, it explores ethical, legal, empirical and historical perspectives on delivering ‘drug policy justice’ from supply through to use. Essays cover a wide range of issues, from the effects of COVID on drug policy to securing economic and environmental justice, and from human rights in Asian drug policy to questions of race and equity in cannabis reforms, providing diverse insights on both prominent and overlooked drug policy challenges. Towards Drug Policy Justice is a benchmark text for scholars, students, advocates and policymakers as the book explores new models of global drug policy reform.
En medio de la ola regulatoria del cannabis para uso adulto que atraviesan varios países y jurisdicciones, las posibilidades en Colombia para girar hacia este necesario modelo son más viables. En este paper resaltamos la necesidad de incluir las dimensiones tributarias del debate. Será crucial la forma como la regulación movilice recursos para cumplir sus propios objetivos mismos de la regulación - proteger la salud pública y debilitar el narcotráfico - pero también para una regulación que en efecto tenga potenciales reparadores - promoviendo desarrollo rural en las zonas más afectadas, y medidas específicas de reparación a las comunidades que fueron víctimas de la guerra contra la marihuana. A partir de un balance de contexto de la situación colombiana, y de un análisis comparado del marco fiscal de la regulación en otras jurisdicciones, ofrecemos una serie de principios de tributación cannábica para la eventual regulación en Colombia. Estos principios están fundamentados en las Directrices internacionales de política fiscal y derechos humanos y en la aplicación de conceptos sobre justicia social y reparación a un escenario de regulación.
Este documento es un primer intento de consolidación de información relevante sobre la financiación de los puntos más protagónicos del Acuerdo Final de Paz (AFP): la Reforma Rural Integral y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Para lograr esto, el documento explora - con un énfasis especial en el punto 1- las distintas fuentes de financiación, distribución de recursos y asignaciones presupuestales de los años que lleva la implementación del Acuerdo, considerando al mismo tiempo la capacidad fiscal del Estado colombiano y la economía política de las políticas fiscales en el país. Adicionalmente, se presentan detalles de la gobernanza ...
En este libro ofrecemos una propuesta, teórica y práctica, para lograr una renta básica feminista en Colombia. En un intento por reconciliar lo ideal y lo posible, queremos poner en discusión algunas ideas para atenuar las desigualdades de largo aliento, muchas de ellas profundizadas por las crisis que hemos vivido en los últimos años. En el capítulo 1 presentamos una radiografía de la desigualdad y la pobreza en Colombia, observando en detalle cómo estas categorías atraviesan la experiencia vital de las mujeres y clausuran muchas de sus posibilidades de tener un ingreso y un trabajo dignos, de acceder a educación, de tener momentos de descanso y autocuidado o de tomar decisiones ...
Lejos de cumplir con sus promesas de ser distinto, y de ofrecer más acceso a justicia para las víctimas, el sistema de restitución de tierras ha negado la mayoría de las solicitudes (el 65%) en la etapa administrativa del proceso. Además, los solicitantes cuyas solicitudes han sido negadas no tienen un recurso efectivo para controvertir las negaciones. A la fecha. las razones que explican esta alta tasa de negaciones eluden tanto a los expertos como a los académicos, debido a que no existe información que explique los motivos de las decisiones negativas. La extensión por 10 años de la política de restitución ofrece una oportunidad para corregir el camino. Sin embargo, la simple ex...
En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de los conceptos de máximo responsable y de partícipe no determinante y cómo diferenciarlos depende quiénes son las personas con la más alta responsabilidad para los crímenes de sistema cometidos durante el conflicto colombiano que merecen un trato sancionatorio (máximos responsables) y quiénes recibirán un trato no sancionatorio, salvo en circunstancias excepcionales (participes no determinantes). Estos conceptos también determinan la ruta procesal para definir la situación jurídica de los comparecientes. Para evaluar los avances de la JEP sobre estos conceptos complejos y presentar recomendaciones para su futuro trabajo, con base ...
Este documento pretende identificar algunos de los principales desafíos de la minería de grandes dimensiones o megaminería en relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos desde tres tensiones con el sistema constitucional. La primera, tiene que ver con el carácter de utilidad pública e interés social. La segunda, relativa al déficit en materia de mecanismos e instancias de participación ciudadana apropiadas en materia ambiental, así como en la articulación entre la representación y la autonomía municipal, y los intereses nacionales. La última, se refiere al contenido normativo y procedimental del licenciamiento ambiental frente a las obligaciones esta...
Los cierres que tuvo la administración de justicia estatal como consecuencia de las medidas de aislamiento derivadas del COVID-19 generaron múltiples retos para la resolución de conflictos o necesidades jurídicas a nivel global. Esto se sumó a la existencia de desigualdades y racismo estructural, entre muchos otros factores, que le han impedido a las personas acceder a la justicia en condiciones de igualdad, especialmente en Colombia. A pesar de esto, los pueblos étnicos han mantenido sus prácticas y saberes ancestrales en materia de justicia, lo que le ha permitido a sus miembros acudir a las autoridades de sus comunidades y no a la justicia estatal, como es el caso de los consejos c...
A pesar de un recorte temprano de sus competencias, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue siendo una apuesta novedosa en el mundo para afrontar la responsabilidad corporativa por atrocidades del pasado. Su modelo preminentemente restaurativo con componentes retributivos presenta una alternativa a las distintas aproximaciones que se han hecho en el mundo a la rendición de cuentas de actores económicos y, vale aclarar, a las que se han intentado en Colombia también. Uno de los componentes esenciales del modelo es el compromiso que adquieren los comparecientes, incluidos los actores económicos, de contribuir a la reparación de las víctimas y la restauración del daño para recibir u...