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La sociedad es cada vez más consciente de las diferencias entre las personas y de la necesidad de amparar a quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Dicha necesidad se acrecienta cuando dichos colectivos vulnerables se ven inmersos en un proceso penal en el que puede llegar a estar en juego el derecho fundamental a la libertad, configurado en nuestro ordenamiento jurídico como un valor superior, esencial para el desarrollo de la vida de las personas. Desde el propio acto de la detención, la identificación y toma de declaración de los investigados; el ingreso en prisión provisional o la adopción de cualquier otra medida cautelar restrictiva de derechos, hasta...
La presente obra colectiva –dirigida por la Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de León, la Dra. Piedad González Granda- pone su empeño en contribuir a desentrañar una de las temáticas más complejas en la actualidad, dada la confluencia en su ámbito de tres parámetros a su vez en constante construcción y evolución. En primer lugar, el alcance de las exclusiones probatorias, es decir, de los efectos de la llamara Prueba Prohibida; en segundo lugar, el entorno digital, es decir, el entorno de la Prueba digital como especialidad –en sentido amplio- de la prueba; y en tercer y último lugar, el ámbito de los poderes del Juez y de las parte en los actos probatorios, ...
Esta obra constituye un significativo referente en el ámbito de las empresas en crisis, porque se aborda la consideración de la función jurisdiccional respecto de la insolvencia, teniendo como marco normativo la última reforma, efectuada por el R.D-Ley 3/2009, y principalmente, por cuanto que dicho análisis ha sido desarrollado, brillantemente, por un selecto grupo de especialistas que protagonizan los escenarios más sobresalientes en los que se presentan aquellos instrumentos que actúan frente a la insolvencia. Así, para afrontar la realidad en la que nos encontramos, ha sido necesario contar con el análisis económico de la situación empresarial (Prósper Lamothe, Pilar Gómez, A...
La LEC 1/2000 realizó una regulación nueva y compleja de la prueba pericial que, en la práctica de sus primeros quince años de vigencia, ha originado infinidad de problemas de todo tipo. Y ello es especialmente crítico por cuanto esta prueba es fundamental para la justa resolución del proceso en aquellos casos en los que el juez precisa de conocimientos científicos, técnicos o especializados. La LEC, en vez de configurar la pericia como un mecanismo de auxilio por parte del juez, la ha “privatizado” y dejado en manos de las partes, por lo que se reduce al máximo el protagonismo del juez. Todo ello justifica que los profesionales del derecho -preocupados por esta realidad normati...
Este libro propone comentarios y formularios sobre: Capacidad Procesal, Representación y defensa, Legitimación, Litisconsorcio, Intervención de terceros, Jurisdicción, Cuestiones prejudiciales, Competencia objetiva, territorial -sumisión expresa y tácita-, y funcional, Acumulación de acciones, Reglas para la determinación del procedimiento y de la cuantía, Diligencias preliminares, Conciliación, Reclamación previa a la vía judicial civil, Requerimiento al Consorcio de Compensación de Seguros, Aseguramiento de la prueba, Aportación de prueba con la demanda, Acción ejecutiva -provisional y definitiva-, Tercerías, Medidas cautelares, Acciones monitoria y cambiaria, y un Compendi...
En este tercer tomo del Curso de Derecho Procesal Civil se examinan los presupuestos procesales relativos al procedimiento, a saber: la aptitud formal de la demanda; el emplazamiento legal del demandado; la adecuación del procedimiento a la acción objeto del proceso; y el agotamiento de la vía administrativa previa. El conocimiento de la práctica forense y de la doctrina del autor, al conciliar su dilatada actividad académica con el ejercicio de la abogacía, ha permitido reunir un material de estudio de interés. Las citas jurisprudenciales de los tomos de este curso por la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Jueces de Letras avalan empíricamente lo anterior.
El proceso judicial no tendría sentido sin la cosa juzgada. Efectivamente si por algo se puede decir que la solución judicial es el medio de solución de conflictos por excelencia es porque esta resulta estable e inatacable. Partiendo de aquí, el ordenamiento procesal ofrece con carácter muy excepcional remedios para poner fi n a la eficacia de la sentencia firme cuando esta se ha obtenido de manera injusta. A esta categoría pertenece el incidente de nulidad de actuaciones. La reciente historia de nuestro incidente ha discurrido por un sinfín de avatares dentro de nuestro sistema procesal. Ha pasado de ser un incidente procesal imprescindible en la práctica forense a desaparecer de nu...
La obra que se presenta es el resultado del estudio y análisis de dos aspectos de la prueba pericial civil (procedimiento y valoración) que han suscitado numerosos problemas y vienen recibiendo frecuentes comentarios. Entiende la autora que la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el procedimiento probatorio de la pericial podría calificarse como un auténtico caos procedimental. La experiencia ha mostrado dicha regulación como insuficiente e incompleta en tanto se plantean no pocos problemas prácticos en su aplicación que requieren ser solventados a través de las correspondientes modificaciones legales. En cuanto a la valoración de dicha prueba, comprende la autora que...
Una de las características esenciales del arbitraje, que diferencia claramente este sistema de resolución de conflictos de la jurisdicción, es la confidencialidad. Suele además considerarse como una de las principales ventajas del arbitraje. En efecto, el arbitraje es, en primer lugar, un medio privado de resolución de conflictos, que goza por tanto de privacidad frente a la publicidad inherente a los procesos judiciales. Pero privacidad y confidencialidad no son conceptos idénticos, y el arbitraje, entre nosotros, reúne ambas características. Es, como ya se ha dicho, un sistema privado en el que no rige el principio de publicidad de las actuaciones procesales de todo tipo de procedimientos jurisdiccionales previsto y desarrollado en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.