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Examines when, where, why, and how corporate accountability for past human rights violations in armed conflicts and authoritarian regimes is possible.
El ‘régimen de condicionalidad’ es una innovación del actual proceso de justicia transicional colombiano cuya materialización enfrenta múltiples retos. Dicho régimen es un mecanismo mediante el cual la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) busca que los beneficios a los comparecientes se confieran sobre la base de su efectiva contribución a los derechos de las víctimas (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición). Este esquema de beneficios condicionados aplica para todos los comparecientes ante la JEP y se operacionaliza a través de los Trabajos, Obras o Acciones con sentido Reparador (TOAR) y/o mediante las Sanciones Propias en aquellos casos en que se trat...
En este libro ofrecemos una propuesta, teórica y práctica, para lograr una renta básica feminista en Colombia. En un intento por reconciliar lo ideal y lo posible, queremos poner en discusión algunas ideas para atenuar las desigualdades de largo aliento, muchas de ellas profundizadas por las crisis que hemos vivido en los últimos años. En el capítulo 1 presentamos una radiografía de la desigualdad y la pobreza en Colombia, observando en detalle cómo estas categorías atraviesan la experiencia vital de las mujeres y clausuran muchas de sus posibilidades de tener un ingreso y un trabajo dignos, de acceder a educación, de tener momentos de descanso y autocuidado o de tomar decisiones ...
El presente documento se pregunta cómo definir la situación jurídica de los comparecientes que no hayan tenido participación determinante en los crímenes más graves y representativos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Mientras que la situación jurídica de los máximos responsables en estos crímenes tiene que ser definida por vía de selección y sanción, la de los comparecientes con participación no determinante puede variar entre tratamientos penales especiales no sancionatorios (rutas de selección negativa) o, excepcionalmente, la selección con fines de imponer sanciones propias o alternativas inferiores a cinco años (rutas de selección positiva excepcional). ...
En el contexto de la investigación por macrocasos que debe adelantar la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la SRVR debe remitir a aquellos responsables que no reconocen su responsabilidad por los crímenes más graves y representativos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que se inicie un procedimiento adversarial. Lo que no esta del todo claro es si esta remision debería hacerse antes o después de expedirse un Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) en el que se definen los patrones y políticas de macrocriminalidad y se identifican e imputan los máximos responsables. El presente texto an...
A pesar de un recorte temprano de sus competencias, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue siendo una apuesta novedosa en el mundo para afrontar la responsabilidad corporativa por atrocidades del pasado. Su modelo preminentemente restaurativo con componentes retributivos presenta una alternativa a las distintas aproximaciones que se han hecho en el mundo a la rendición de cuentas de actores económicos y, vale aclarar, a las que se han intentado en Colombia también. Uno de los componentes esenciales del modelo es el compromiso que adquieren los comparecientes, incluidos los actores económicos, de contribuir a la reparación de las víctimas y la restauración del daño para recibir u...
En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de los conceptos de máximo responsable y de partícipe no determinante y cómo diferenciarlos depende quiénes son las personas con la más alta responsabilidad para los crímenes de sistema cometidos durante el conflicto colombiano que merecen un trato sancionatorio (máximos responsables) y quiénes recibirán un trato no sancionatorio, salvo en circunstancias excepcionales (participes no determinantes). Estos conceptos también determinan la ruta procesal para definir la situación jurídica de los comparecientes. Para evaluar los avances de la JEP sobre estos conceptos complejos y presentar recomendaciones para su futuro trabajo, con base ...
La mala calidad del aire es un problema ambiental y de salud pública de urgente atención por parte de los estados, quienes han adquirido compromisos internacionales que los obliga a adoptar medidas preventivas, regulatorias y de control. En Colombia existen debilidades en el monitoreo del aire, así como en la institucionalidad que debe proteger los derechos de la ciudadanía. Particularmente Bogotá, una de las ciudades que mayor polución tiene, se presenta como un caso de estudio para intercomparar datos del sistema oficial de medición de la calidad del aire y los sensores de bajo costo como apuesta para complementar y reforzar la línea base de datos públicos, así como para involucrar a la ciudadanía en la producción de ciencia
Los cierres que tuvo la administración de justicia estatal como consecuencia de las medidas de aislamiento derivadas del COVID-19 generaron múltiples retos para la resolución de conflictos o necesidades jurídicas a nivel global. Esto se sumó a la existencia de desigualdades y racismo estructural, entre muchos otros factores, que le han impedido a las personas acceder a la justicia en condiciones de igualdad, especialmente en Colombia. A pesar de esto, los pueblos étnicos han mantenido sus prácticas y saberes ancestrales en materia de justicia, lo que le ha permitido a sus miembros acudir a las autoridades de sus comunidades y no a la justicia estatal, como es el caso de los consejos c...
Este documento pretende identificar algunos de los principales desafíos de la minería de grandes dimensiones o megaminería en relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos desde tres tensiones con el sistema constitucional. La primera, tiene que ver con el carácter de utilidad pública e interés social. La segunda, relativa al déficit en materia de mecanismos e instancias de participación ciudadana apropiadas en materia ambiental, así como en la articulación entre la representación y la autonomía municipal, y los intereses nacionales. La última, se refiere al contenido normativo y procedimental del licenciamiento ambiental frente a las obligaciones esta...